12-abr-08 ¡Informar: Obligación del Estado!

Diario de Chiapas.

Jorge Enrique Hernández Aguilar.

En Chiapas sentido de responsabilidad por la transparencia y la rendición de cuentas.

La compactación de derechos humanos y el derecho de información, no cumplen con el principio constitucional, que establece competencias distintas.

El Gobernador Sabines Guerrero mantiene todo su apoyo al Instituto de Acceso a la Información Pública, porque es la certificación de que el gobierno actúa de manera transparente.
Hace unos días platicando con los ciudadanos consejeros del Instituto de Acceso a la Información Pública de la Administración Pública Estatal, nos comentaba el Lic. Gildardo A. Domínguez Ruiz que Chiapas hace la diferencia con entidades como Querétaro.

En Chiapas, y en esto coincide Domínguez Ruiz con analistas del tema, hay preocupación del Gobernador Juan Sabines Guerrero, porque todas las acciones de la administración pública se realicen con toda transparencia.
Hay un sentido de responsabilidad permanente, por la rendición de cuentas como política pública.
Hasta ahora la respuesta de las instituciones estatales va en aumento, creando las condiciones para que todo ciudadano chiapaneco pueda informarse de los programas y de las acciones de gobierno.
Los legisladores locales, están participando en las actividades de capacitación sobre el derecho a la información, en los Ayuntamientos en cada uno de los distritos electorales.
Es importante decirlo, cada día son más las instituciones estatales y municipales, que comunican de la instalación de los comités encargados de procesar la información.
Los ciudadanos que han solicitado la intervención del IAIP, han sido atendidos en sus demandas de información de manera inmediata.

Los Ciudadanos Consejeros María Elena Tovar, Herman Hoppested Pariente y Gildardo A. Domínguez Ruiz, tienen una agenda plena de trabajo.
Por los periódicos pueden enterarse los ciudadanos, en que lugares estuvieron durante la semana promoviendo el derecho a la información.
Esto ya no sucede en Querétaro, lugar donde el Congreso de ese estado, acaba de legislar una reforma constitucional, que establece la fusión del Instituto de Acceso a la Información con la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
El argumento principal para aprobar esta reforma, es el de ahorrar dinero, y consolidar la política de austeridad.
Esta determinación legislativa, que ha reformado la Constitución de Querétaro, contraviene a todas luces, lo previsto en el artículo Sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Las Comisiones de Derechos Humanos se sabe tienen la misión de proteger los derechos humanos, y sus recomendaciones no tienen carácter vinculatorio, y las más de las veces tienen que ser reiterativos para comprometer a las instituciones para que las cumplan.
En tanto que los Institutos de Acceso a la Información, por ley tienen la autoridad para garantizar el Derecho a la Información, consagrado por el artículo Sexto de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y sus resoluciones si tienen carácter vinculatorio, y pueden ordenar sanciones, para obligar a que se cumplan.
No se trata de cuestiones de naturaleza administrativa, sino de supremacía de la Constitución General de este país.

El artículo sexto, claramente establece que el Derecho a la Información será garantizado por el estado.
En la fracción IV, se dice que se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimiento de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión
Pero, además la fracción VII, del artículo Sexto de la Constitución Política de los deja muy en claro que : "La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes".

La "compactación" en Querétaro, de la comisión de Derechos Humanos y del Instituto de Acceso a la Información, está tratando de resumir en una sola institución, dos funciones distintas que tienen carácter constitucional: La defensa de los derechos humanos, y la garantía del derecho a la información.
En esta circunstancia, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF, Emilio Álvarez Icaza, advierte que es volver a los tiempos de la opacidad en aras de una supuesta política de austeridad.
El Congreso del Estado de Querétaro, prácticamente se está situando por encima de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en el artículo sexto señala la creación de órganos u organismos especializados, y de procedimientos de revisión expeditos.
Las Comisiones de Derechos Humanos tienen que ver con la defensa de los derechos del hombre, y el IAIP, con la garantía del derecho ciudadano de ser informado.

Para el Investigador y profesor de la UNAM, Lorenzo Córdova Vianello, la decisión del constituyente de Querétaro en realidad confunde la finalidad y la naturaleza de dos órganos que cumplen funciones diferentes. Por un lado se habla de un órgano, el de acceso a la información, que cumple con actos de autoridad, que por definición son obligatorios, y por otra parte se habla de un órgano que emite recomendaciones no vinculatorias.
Pareciera que quien o quienes propusieran la iniciativa de "compactación" , para la creación del híbrido llamado "Comisión Estatal de Derechos Humanos y Acceso a la Información Estatal", olvidaron que toda innovación debe estar relacionada perfectamente con el marco constitucional federal.

En Chiapas toda propuesta de reformas legales, ha visualizado un gran respeto a la constitucionalidad del país.
El gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, es el más comprometido con el derecho a la información, y por eso se fortalecen más cada día que pasa las políticas públicas de transparencia y rendición de cuentas.
Cuando un gobierno está seguro de estar cumpliendo con la legalidad, no tiene porque buscar confundir a los ciudadanos.
Por eso, el Gobernador Sabines Guerrero mantiene todo su apoyo al Instituto de Acceso a la información Pública, porque es la mejor forma de garantizar el derecho ciudadano a la información.
Esto hace la diferencia entre Chiapas y Querétaro.

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